La desaparición de una nena desnudó la crisis de San Luis

Un silencio ensordecedor vive San Luis sobre Guadalupe Belén Lucero. Lo sufren en carne propia los familiares, que de a poco tuvieron que ver cómo la imagen de su pequeña “Lupita” se esfumaba de las publicidades del Gobierno al mismo tiempo que lo hacían los policías que estuvieron apostados por días en el Barrio 544 Viviendas.

El tiempo fue una clave en la desaparición y cada minuto era fundamental para evitar que la verdad se alejara. Susana Trimarco, advirtió desde que tomó conocimiento del caso que “las fronteras provinciales se cerraron tarde”. La madre de Marita Verón trabaja desde hace años en casos de trata de personas y por eso planteó que esto era clave en la búsqueda de la niña puntana.

La Policía sostiene que los controles se montaron de inmediato.

Meses después investigadores privados concluyeron que a la nena se la llevaron por la Autopista de las Serranías Puntanas, quizás a otra provincia como destino.

En los 147 días que pasaron desde el 14 de junio, la investigación que supervisa el juez de Instrucción Nº2, Ariel Parrillis tiene las manos vacías. Desde el 16 de octubre desaparecieron los partes de la Policía que daban cuenta de los allanamientos, rastrillajes y testimoniales.

El desamparo que sintió la familia de parte del Estado provincial no les dejó alternativa que buscar soluciones de otros lados. Desde un primer momento pidieron la intervención del fuero Federal, trajeron a investigadores de otras provincias, recorrieron el interior llevando repartiendo panfleto con la foto, organizaron ventas de empanadas para llegar hasta el presidente Alberto Fernández, recolectaron dinero para contratar a un perito privado y hasta apelaron a famosos e influencers para que difundieran el rostro de la niña.

Incluso, aunque en numerosas ocasiones pidieron al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que dispusiera una recompensa, esta fue ofrecida por la Nación. Inicialmente era de $2 millones y por eso luego solicitaron a la Provincia que la elevara, pero esto también fue una acción de Presidencia, que la amplió a $5 millones.

El Gobierno se mantiene cada vez más distante de la desaparición de la niña que conmocionó a la sociedad, que hizo llegar a San Luis fuerzas de seguridad nacionales y de otras provincias para colaborar en la búsqueda, y que motivó a investigadores privados a querer brindar su ayuda. Uno de estos últimos fue el único que sacó a la luz la certeza de que a “Lupita” se la habían llevado por la Autopista.

Además del dolor que viven a diario, esta semana los papás de la nena, Yamila Cialone y Eric Lucero tuvieron que escuchar mentiras de parte del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi. “Converso con la madre cada vez que me llama y estoy en contacto con ella. Lo repetimos en cada lugar en donde estamos y yo lo publico en las redes sociales”, aseguró el funcionario en declaraciones a los medios esta semana.

“No hable de contacto cuando desde un principio jamás salió a hablar de mi hija. Nunca salió a cumplir, se habló también de viralizar más la imagen de Guada y solo surgieron imágenes políticas de los postulantes”, le respondió Yamila a través de las redes sociales para ubicar las cosas en su lugar.

Los dichos de Anastasi fueron al culminar el acto de conmemoración de  creación de la Policía. La ceremonia fue encabezada por el gobernador y estuvo la Plana Mayor que dirige las acciones para dar con el paradero. La gran ausencia fue Guadalupe porque no hubo alusión al caso.

El silencio sigue presente en cada paso y en cada día que transcurre. Es el silencio de la Justicia y las fuerzas se seguridad. No quieren hablar de Guadalupe porque los lleva a mentir o que queden en evidencia las falencias que hubo a la hora de buscarla y el déficit del Estado en materia de seguridad.

El abogado que representa al padre, Héctor Zavala manifestó que en varias oportunidades han solicitado reunirse con el ministro para que se impriman afiches.

La última información oficial fue que hubo tres allanamientos en Mendoza y cinco declaraciones. Fue eso en donde los investigadores y la familia de la pequeña habían puesto todas sus expectativas. El origen del despliegue en la provincia vecina fue por el trabajo de geolocalización que estaban haciendo en inmediaciones al Barrio 544 Viviendas.

Las tareas estaban y aun permanecen abocadas a la triangulación de llamadas que se registraron media hora antes y después de la desaparición, que data a las 19:20, según los datos de los familiares. “Va a llevar mucho tiempo analizar los teléfonos que estuvieron ahí. Por eso decíamos que llegó tarde esa herramienta”, dijo el abogado de Eric Lucero.

Los números hasta esta semana eran 479 allanamientos, (con oficio de la Justicia, por voluntad de los propietarios y fuera de San Luis). Además, son 1255 los sectores rastrillados a los que se suman 18 diques o espejos de agua. Las testimoniales llegan casi a las 600. Así, 67 cuerpos judiciales, entre actas, declaraciones e informes conforman la causa. Nada de eso arrojó luz sobre lo que pasó el 14 de junio.

Desde el primer día, efectivos de la Policía desplazaron múltiples operativos, que recorrieron los principales puntos turísticos de la provincia. Los oficiales caminaban los alrededores de los diques, las rutas, los descampados y lo hacían durante horas, aunque no tenían un norte ni mucho menos un sur. Estaban desorientados y la única orden que habían recibido era hallar a Guadalupe. No supieron cómo ni a partir de qué. No tenían indicios, pistas o rastros. No sabían si la buscaban con vida.

En la zona de donde se la llevaron, desarrollaban operativos cerrojos donde los vecinos que residían ahí no podían ingresar ni salir. Debían esperar horas a que los canes recorrieran las arterias y los efectivos fueran por las casas a pedirle a los propietarios ingresar a verificar si la nena estaba ahí. A un mes de la desaparición y sin conocerse el fundamento volvieron a hacerlo. Los resultados iban a ser los mismos.

Las casas de los papás y de la tía donde Guadalupe fue vista por última vez también fueron allanadas en diferentes ocasiones. No entendían por qué la insistencia ni qué podían encontrar después de haberlas inspeccionado con anterioridad. Pero les abrían las puertas con la esperanza de que esa vez sí pudieran dar con alguna pista de lo que sucedió con ella.

Desde el 14 de junio, Parrillis habló una sola vez ante las cámaras unas horas después de la desaparición. Después tuvo otras dos intervenciones públicas acotadas. La fiscal Virginia Palacios, que intervino junto a sus pares Esteban Roche y Ricardo Barbeito, tampoco se expusieron ante la prensa.

A casi 150 días del rapto, desde el área prensa judicial comunicaron que el juez “no está dando notas a los medios”.

La mamá de la niña, Yamila Cialone confirmó a El Chorrillero que no ha tenido novedades sobre la investigación y calculó que la última vez que pudo reunirse con Parrillis fue a los dos meses de la desaparición. Las novedades que recibe, también del fuero Federal, surgen del abogado que las representa, José D’antona.

El letrado participó de una reunión con Parrillis y Trimarco semanas atrás, pero dijo “no poder informar al respecto”. Palacios también se mantiene en silencio.

Desde el Departamento Investigaciones, que es donde se encuentra el sumario policial caratulado como “solicitud paradero” evitan hablar sobre Guadalupe. El comisario mayor, Ángel Pereyra dijo a este medio que por orden de los superiores todo debe ser proporcionado por Relaciones Policiales. “Respecto a allanamientos lo último que hubo fue en Mendoza, después hay otros procedimientos en San Luis, pero han sido más declaraciones”, se limitó a contestar.

La poca claridad de la Justicia provincial también es la consecuencia de no contar con un solo registro fílmico de esa noche. No había ninguna cámara de seguridad pública en inmediaciones a la manzana H del Barrio 544 Viviendas, y las que estaban a unas cuadras no funcionaban. No solo esa cuadra estaba desolada de presencia policial, sino que tampoco había equipamiento tecnológico para subsanar esto. Lo mismo pasaba en todo el camino que pudo haber realizado el secuestrador hasta la Autopista.

En este contexto también optaron por recurrir a videntes y así lo confirmó el jefe de la Policía, Darío Neira. El 24 de junio, diez días después de que la nena fue la última vez, defendió la investigación. Afirmó que las acciones “no son al azar” y no son “improvisados en el tema”. “Hay personas que dicen tener cierto grado de conocimiento de la forma que fuere, pueden llegar a percibir que puede estar en determinado lugar. Se verifica absolutamente todo”, reconoció.

Y otro que hecho que dejó en evidencia la falta de una línea investigativa fue dada a conocer por Héctor Zavala. Días atrás convocaron a declarar a un comerciante y un contador porque “habían escuchado por teléfono que entre ellos hablaban de Guadalupe, como lo hace cualquier persona”.

“Me parece una barbaridad, ¿dónde está la privacidad y con qué derecho? La Justicia y la Policía de San Luis no tienen nada porque si están citando a personas, que no tienen nada que ver con la causa poder imaginarte donde están parados”, sostuvo el letrado. Sin embargo, afirmó en que ellos cuentan con una hipótesis desde hace tiempo e insistió en que deben trabajar en ese sentido.

Si bien la falta de un patrón en la búsqueda es palpable, la investigación no lo reconoce. La muestra son las declaraciones que dio esta semana Neira a Radio Universidad: “Hemos dejado todo y ustedes han sido testigos de cuánto la buscó la Policía. Puso absolutamente todo y más. Todo estuvo al servicio de la investigación”.

“No hemos tenido el resultado que hubiésemos querido, que es tener a Guadalupe con vida y de nuevo en su casa”, continuó. E insistió en que “se la buscó en San Luis, como jamás en la historia del país se buscó a ninguna persona”. Sin embargo, mas allá de esas tareas, no fue capaz de vislumbrar que algo falló para que todo eso no derivara en la aparición.

La única certeza que hoy tiene la sociedad es que un niño de cinco años no puede jugar en una vereda. Es así porque se cumplirán cinco meses sin indicio de Guadalupe.